Según artículo de la OCU del 13 de marzo de 2013, el sistema de arbitraje al que pueden acogerse los afectados por el mayor escándalo financiero de los últimos años es un proceso lleno de sospechas. Quien debe arbitrar no tiene medios suficientes y al final serán los propios abogados de Bankia los que decidan qué casos serán aceptados.
Es un instrumento financiero emitido por una sociedad que no otorga derechos políticos al inversor, ofrece una retribución fija (condicionada a la obtención de beneficios) y cuya duración es perpetua, aunque el emisor suele reservarse el derecho a amortizarlas a partir de los cinco años, previa autorización del supervisor (en el caso de las entidades de crédito, el Banco de España).