Un millón de familias afectadas. 30.000 millones de euros estafados. Dos cifras que ponen de relieve la magnitud del escándalo de las participaciones preferentes. Estos productos son activos financieros de alto riesgo, sólo se deben vender a inversores cualificados.
Es un instrumento financiero emitido por una sociedad que no otorga derechos políticos al inversor, ofrece una retribución fija (condicionada a la obtención de beneficios) y cuya duración es perpetua, aunque el emisor suele reservarse el derecho a amortizarlas a partir de los cinco años, previa autorización del supervisor (en el caso de las entidades de crédito, el Banco de España).