Según artículo de la OCU del 13 de marzo de 2013, el sistema de arbitraje al que pueden acogerse los afectados por el mayor escándalo financiero de los últimos años es un proceso lleno de sospechas. Quien debe arbitrar no tiene medios suficientes y al final serán los propios abogados de Bankia los que decidan qué casos serán aceptados.
Durante los años de la burbuja, algunos bancos convencieron a sus clientes para contratar un complejo y arriesgado producto de inversión: las participaciones preferentes. Los clientes, a menudo de edad avanzada, creían que era un depósito normal, pero cuando la burbuja estalló descubrieron que sus ahorros se habían esfumado.
Ahora el ministro de Economía, Luis de Guindos, anuncia que se pone en marcha un sistema de arbitraje para los afectados por las participaciones preferentes de Bankia, entidad quebrada y nacionalizada. ¿A qué se refiere?
Un árbitro con pocos medios
El arbitraje es un instrumento que la Administración ofrece al ciudadano para que resuelva sus conflictos con empresas y profesionales. Pero¿quién arbitra?
En el caso de las preferentes el Gobierno ha decidido que sea la Junta Arbitral Nacional de Consumo, que forma parte del Instituto Nacional de Consumo y depende del Ministerio presidido por Ana Mato. Esta Junta Arbitral cuenta con pocos medios (tanto humanos como técnicos) para enfrentarse a una tarea de tal magnitud (los cálculos hablan de187.000 afectados por las preferentes de Bankia).
Para muestra, un botón: la única información que el Instituto Nacional de Consumo tiene colgada en su web sobre el mayor escándalo financiero de los últimos años es una nota de un folio en la que echa balones fuera y recomienda a los afectados presentar un formulario en las oficinas de Bankia. ¿A dónde irán estos formularios?
Los abogados de Bankia deciden
Presentar las solicitudes de arbitraje en Bankia no supone iniciar el procedimiento, ya que estas solicitudes serán filtradas por una consultora externa (KPMG). El Gobierno ha encomendado a KPMG la labor de decidir qué casos serán sometidos al arbitraje y cuáles no.
Este conflicto de intereses quiebra el principio de imparcialidad: sospechamos que KPMG solo dejará pasar los casos más flagrantes.
Exigimos que los criterios para determinar quiénes podrán acceder al arbitraje sean públicos y transparentes. Esta es la única manera de evitar discriminaciones.
Poca transparencia, menos información
La OCU critica la falta de transparencia del proceso de arbitraje y la escasa información facilitada por las autoridades.
Todos los afectados tienen que tener claro que, una vez que Bankia se adhiera al arbitraje, la resolución final será vinculante. Esto quiere decir que los afectados no podrán realizar reclamaciones posteriores por vía judicial.
Pedimos que las autoridades de Economía y Consumo aclaren hasta qué momento podrán los afectados renunciar al arbitraje y elegir la vía judicial para recuperar sus ahorros.
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